Rehabilitar a drogadicto que delinque representa un ahorro para el Estado
Jueves 24 de Junio de 2010
Estudio de Paz Ciudadana:
Tribunales de Drogas inician etapa clave para su institucionalización.
Estudio de Paz Ciudadana:Tribunales de Drogas inician etapa clave para su institucionalización.
MARIO GÁLVEZ
El Estado ahorra $78.297 en una cárcel pública y $160.512 en una cárcel concesionada, al mes, por cada delincuente rehabilitado en los tribunales de tratamiento de drogas, según se desprende de un estudio realizado por Fundación Paz Ciudadana (FPC).
La información, divulgada en la reunión constitutiva de ayer de la mesa técnica que trabajará en la ampliación de estas instancias, añade que la rehabilitación tiene un costo mensual de $211.703.
La secretaria ejecutiva del Conace, Francisca Florenzano, informó que el objetivo de este trabajo interinstitucional es realizar una evaluación durante el segundo semestre de este año "tanto de procesos como de impacto, que hasta hoy no se ha realizado".
Esto permitirá desarrollar la ampliación del programa para 2011, que contempla las regiones de Arica, de Coquimbo, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule.
En marzo de este año, la Fiscalía Nacional y FPC realizaron una encuesta de satisfacción a 77 usuarios de los mencionados tribunales.
Catalina Droppelmann, directora del Área Justicia y Reinserción de la fundación, explicó que en relación a "Satisfacción general con el programa", el 79% dijo estar está muy de acuerdo en que la iniciativa fue una buena oportunidad, mientras que el 77% manifestó estar muy dispuesto a recomendar el programa a algún amigo o familiar que tuviera problemas con la justicia y las drogas.
Consultados por la "Influencia del juez", el 62% considera que las audiencias periódicas ayudan a su recuperación y el 68% está muy de acuerdo con que las felicitaciones del juez ante sus logros le ayudan en su proceso, entre otras preguntas.
La directora ejecutiva de FPC, Javiera Blanco, descartó que la creación de esta mesa retrase la masificación del sistema. "Antes de crecer masivamente, necesitamos testearlo para poder hacer las correcciones a tiempo, y esta comisión tiene ese objetivo", dijo.
También se verán las modificaciones legales necesarias para ampliar el programa hacia autores de delitos con consumo problemático de drogas y establecer una institucionalidad ad hoc más allá de la orgánica actual del Conace.
La información, divulgada en la reunión constitutiva de ayer de la mesa técnica que trabajará en la ampliación de estas instancias, añade que la rehabilitación tiene un costo mensual de $211.703.
La secretaria ejecutiva del Conace, Francisca Florenzano, informó que el objetivo de este trabajo interinstitucional es realizar una evaluación durante el segundo semestre de este año "tanto de procesos como de impacto, que hasta hoy no se ha realizado".
Esto permitirá desarrollar la ampliación del programa para 2011, que contempla las regiones de Arica, de Coquimbo, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule.
En marzo de este año, la Fiscalía Nacional y FPC realizaron una encuesta de satisfacción a 77 usuarios de los mencionados tribunales.
Catalina Droppelmann, directora del Área Justicia y Reinserción de la fundación, explicó que en relación a "Satisfacción general con el programa", el 79% dijo estar está muy de acuerdo en que la iniciativa fue una buena oportunidad, mientras que el 77% manifestó estar muy dispuesto a recomendar el programa a algún amigo o familiar que tuviera problemas con la justicia y las drogas.
Consultados por la "Influencia del juez", el 62% considera que las audiencias periódicas ayudan a su recuperación y el 68% está muy de acuerdo con que las felicitaciones del juez ante sus logros le ayudan en su proceso, entre otras preguntas.
La directora ejecutiva de FPC, Javiera Blanco, descartó que la creación de esta mesa retrase la masificación del sistema. "Antes de crecer masivamente, necesitamos testearlo para poder hacer las correcciones a tiempo, y esta comisión tiene ese objetivo", dijo.
También se verán las modificaciones legales necesarias para ampliar el programa hacia autores de delitos con consumo problemático de drogas y establecer una institucionalidad ad hoc más allá de la orgánica actual del Conace.
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